A continuación:
Dr. Jorge Rodríguez,
Presidente de la Asamblea Nacional, y demás miembros de la Comisión Especial para la Reforma Electoral:
Respetados diputados,
Nos dirigimos a ustedes con la seriedad que exigen los tiempos que vivimos y en el marco de la reciente convocatoria extraordinaria de la Asamblea Nacional, anunciada a través de las redes sociales con el propósito de discutir el cronograma electoral de este año.
En principio, celebramos que se reconozca la importancia de consultar a las organizaciones con fines políticos, un paso que consideramos positivo en un contexto tan difícil como el que atravesamos. El diálogo es la vía que hemos defendido siempre, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, es necesario subrayar algunas consideraciones fundamentales que, lejos de ser un obstáculo, entendemos como una invitación a la reflexión sobre el futuro de nuestro país e impiden nuestra asistencia a la misma.
En primer lugar, no podemos dejar de señalar que una convocatoria tan apresurada, carente de una agenda clara y de los debidos consensos previos, no parece ser el camino más adecuado para la construcción de un proceso electoral que sea verdaderamente legítimo. Sabemos que la situación política y social del país es sumamente compleja y que las decisiones tomadas en este momento pueden tener consecuencias irreversibles.
Nuestro país, como bien sabemos, atraviesa una crisis profunda, y compartimos la preocupación de instituciones tan relevantes como la Iglesia Católica y la Universidad Central de Venezuela, quienes, tras las elecciones del 28 de julio, han señalado una pérdida de confianza en las instituciones debido a la gestión deficiente y, en muchos casos, irregular del Consejo Nacional Electoral. La desconfianza en los procesos electorales es una herida abierta que no puede ser ignorada si verdaderamente se pretende avanzar hacia una regeneración institucional.
Por ello, más que apresurarnos en la organización de nuevas elecciones, lo que necesitamos con urgencia es un proceso de reflexión profunda y de reconstrucción de la confianza. En este contexto, la convocatoria de la Asamblea Nacional debe ser precedida por una apertura al diálogo que incluya a todos los actores políticos y, por supuesto, a la sociedad civil en un contexto de justicia y libertad para corregir errores y preservar la paz. La designación de un nuevo CNE, independiente y con plenas garantías de transparencia, debe ser una prioridad. Un nuevo CNE que recupere la credibilidad y pueda ofrecer, por fin, la seguridad de que las próximas elecciones no estarán marcadas por dudas y vacíos que perjudiquen aún más la estabilidad del país.
Es esencial recordar que, más allá de los aspectos técnicos, estamos hablando de un pueblo que abrazó el 28 de julio de 2024 el voto como única herramienta generadora de cambios en paz. Y hoy esa voz popular parece estar sometida a una tensión constante. La represión, las amenazas y las persecuciones contra dirigentes políticos y ciudadanos, son lamentablemente, una realidad cotidiana. Nos consta la grave situación que enfrenta nuestro líder, Enrique Márquez, quien fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado en circunstancias que consideramos irregulares y carentes de fundamento. Márquez es un hombre de paz, comprometido con el diálogo, la defensa de la Constitución, la soberanía y la voluntad popular; no un conspirador. No podemos seguir permitiendo que se criminalice la disidencia; que de manera peligrosa se vayan cerrando los caminos para el ejercicio de la política, el contraste de las ideas; y se abra paso al discurso de la intolerancia y la violencia.
A este caso se suma la situación del profesor Juan Barreto, quien se encuentra bajo un asedio constante, recluido en su propia vivienda, vigilado por fuerzas policiales. Son solo dos ejemplos de las muchas injusticias que se suceden en el día a día de nuestra nación, alimentando un clima de miedo y desconfianza que solo agrava la crisis que vivimos.
Por todo esto, pedimos la liberación inmediata de Enrique Márquez y el cese de las persecuciones, los asedios y las amenazas que afectan a nuestros dirigentes y los de otras organizaciones democráticas. Exigimos, además, una amnistía general para aquellos detenidos por razones políticas. Solo de este modo, con valentía y generosidad, podremos abrir las puertas a un verdadero diálogo nacional, donde la política, la paz y la democracia se conviertan en los pilares de la convivencia en el marco de nuestra Constitución.
En octubre pasado, entregamos un proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales, con la esperanza de contribuir a una reforma electoral profunda y estructural, dejamos clara nuestra contribución con procesos electorales previos y nuestro compromiso con la ruta democrática para superar la crisis política bajo el liderazgo de Enrique Márquez. Sin embargo, no recibimos respuesta alguna. Lo cual solo refuerza la sensación de que los actores políticos y sociales no estamos siendo escuchados, y que los esfuerzos por superar la crisis se ven constantemente truncos por la falta de voluntad para resolver los problemas de fondo.
Reafirmamos, pues, nuestro compromiso con el pueblo venezolano, con la Constitución y lo establecido en su artículo 5, con las instituciones del país. Creemos firmemente en el diálogo, en la reconciliación y en la búsqueda de acuerdos entre nosotros los venezolanos, en beneficio del bien común. Solo así, mediante la creación de las condiciones necesarias para un verdadero entendimiento, podremos avanzar hacia la paz y la justicia.
Somos una organización política comprometida con las luchas del pueblo, con la defensa de sus derechos y con la convicción de que la vía democrática y pacífica es la única posible. Estamos dispuestos a contribuir a la construcción de ese clima de confianza, de tolerancia y de respeto mutuo que necesita el país para caminar hacia una política verdadera, en la que todos podamos ser parte del proceso de reconstrucción nacional, centrado en la gente.
Atentamente,
Dirección Nacional de Centrados en la Gente
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